El domingo 15 de marzo a las 8 de la noche, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación. Anunció, por decreto, que el país entraba en estado de emergencia debido a la epidemia del COVID-19. A partir del lunes 16, las medidas tomadas por el presidente y el consejo de ministros serían las del aislamiento social obligatorio, la suspensión de los derechos constitucionales y el cierre de las fronteras por 15 días.
El día 1, lunes 16, la gente salió entre incrédula y confundida. Las medidas dadas por el gobierno debido al brote del COVID-19 fueron tomadas, por algunas personas, con indiferencia. La falta de información y la apatía de la gente no solo se debía a un problema moral y cultural, sino que visibilizaba otro gran problema real: la informalidad y la precarización laboral en el trabajador peruano. Algunas empresas, socialmente responsables, informaron a sus trabajadores que debían mantenerse en casa y realizar su trabajo desde allí. Otras suspendieron sus labores y mandaron a sus trabajadores a casa con goce de haber. Sin embargo, muchos otros trabajadores no tuvieron la misma respuesta. Algunas empresas, de forma repudiable, empezaron a obligar a renunciar a sus empleados, en otras palabras, a despedirlos. A otros los mandaron a casa con la excusa de que eran vacaciones adelantadas, y otras siguieron operando haciendo caso omiso a las medidas tomadas por el gobierno y poniendo en peligro a sus trabajadores. Pero el problema real y más preocupante recaía en los trabajadores independientes, aquellos quienes viven el día a día para poder llevar comida a sus hogares. Ellos, en un país informal como el Perú, se vieron amenazados con las medidas, y al no tener otra opción, siguieron saliendo a las calles para ganarse la vida.
Al mediodía, el presidente dio un nuevo mensaje a la nación, enfatizando que las medidas se irán regularizando con el pasar de las horas para restablecer el orden y el bienestar de todos. Habló de las empresas que habían tomado las medidas adecuadas para facilitar a los trabajadores la cuarentena y exhortó a la población a mantener la calma y, sobre todo, a quedarse en casa. Dijo que los mercados estarían abastecidos así como también las farmacias. Que solo una persona por familia puede salir a hacer las compras con un pase de tránsito y que las familias en extrema pobreza recibirán un bono de 380 soles para su consumo durante los 15 días de cuarentena.
La población escuchó atentamente y varias dudas fueron despejadas. Sin embargo, mucha gente siguió saliendo. Los supermercados se llenaron y se llevaron todo lo que pudieron. En algunos pueblos jóvenes empezaron haber reportes de saqueos. El pánico pudo más y las fuerzas armadas empezaron a tener más presencia en las ciudades. Salieron a las calles con la misión de restablecer el orden e informar a la población de que el día martes solo podrán salir los médicos, policías y periodistas, además de aquellos que tengan su pase de tránsito para hacer las compras y los trabajadores que llevan a cabo esta actividad. Y que, caso contrario, serían detenidos y llevados a la comisaría más cercana por el delito contra la salud y la seguridad pública. También informaron que los únicos medios de transporte disponibles serían la línea del tren y el metropolitano. Por lo tanto, todas las líneas informales que abundan en la ciudad no podrían salir.
En la noche las calles estuvieron vacías. Todos los establecimientos de comida y otros servicios, así como los de entretenimiento, se encontraban cerrados. Las redes sociales estuvieron más activas que nunca, así como los medios, informando pero también, en algunos casos, de manera irresponsable, alarmando a la gente. A las 12 de la noche se cerraron las fronteras, nadie podía salir ni entrar del país. La vida real empezaba a verse como una mala película de ficción.
